Nacida en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mujer raizal y caribeña, Cristina Bendek ha construido una obra que explora las tensiones entre identidad, memoria y territorio.

Su novela de debut, Los cristales de la sal, ganadora en 2018 del Premio Nacional de Novela Elisa Mújica, sigue a Verónica Baruq, una joven que regresa a San Andrés después de haber vivido en el exterior y que, en ese retorno, se enfrenta a una sensación de que las cosas han cambiado: es isleña, pero también extranjera en su propio territorio. A partir del hallazgo de una fotografía de sus antepasados, se activa una búsqueda por sus orígenes que la lleva a cuestionar los relatos familiares, su lugar en la isla y las formas en que se construye la identidad.

En esta entrevista, Bendek no solo recorre los hilos que sostienen su novela, sino que propone entender el Caribe no como un destino turístico, sino como un espacio en disputa internacional, atravesado por diásporas, lenguas y fronteras que no siempre se ven. Un territorio, además, marcado por el turismo masivo, una actividad que viene presionando los ecosistemas, precarizando el empleo y aumentando la demanda de agua, energía y residuos en el archipiélago. Solo en 2024, el departamento superó el millón de visitantes, con un crecimiento cercano al 15% frente al año anterior, en una isla principal de apenas 26 kilómetros cuadrados.

Sobre esto, Bendek hace una invitación a ver las islas como un cuerpo vivo que siente, resiste y también duele.

En la novela, ¿Qué está tratando de nombrar cuando dice que el Caribe “es y no es” al mismo tiempo?

Lo primero es reconocer que el Caribe no es una sola cosa. No es una unidad tranquila que uno pueda resumir en una imagen fija. Es un espacio histórico de cruces, de pueblos que llegaron, de pueblos que fueron traídos, de pueblos que se fueron, y de lenguas que se mezclaron. Por eso para mí el Caribe es una red de diásporas, y cuando digo “es y no es” me refiero a esa sensación de estar en un territorio que se mira desde el continente como si fuera un bloque (un destino, una caricatura, un exotismo), pero que por dentro está lleno de capas sociales, históricas y culturales que no siempre se ven.

Eso no lo llamaría ocultamiento, porque no creo que sea una conspiración permanente. Lo que sí creo es que hay elementos que quedan por fuera del relato dominante, y que tienen que ver con cómo funciona la nación, con qué se enseña en colegios, con qué se cubre en medios, con qué se vuelve rentable contar. San Andrés ha sido vista muchas veces como una excepción turística, cuando en realidad es una frontera viva, una frontera cultural, una frontera ecológica y también una frontera internacional.

En la novela, el regreso de la protagonista se activa por una fotografía vieja. Esa imagen es el disparador de una búsqueda íntima, pero termina abriendo un conflicto de pertenencia, linaje, acento y color de piel. ¿Por qué empezar por una foto?

Porque la foto funciona como un espejo incómodo. Es una imagen que parece sencilla: unos antepasados, un gesto congelado, una escena familiar. Pero justamente ahí está el problema, ¿qué pasa cuando la imagen no encaja en el relato heredado? ¿Qué pasa cuando uno vuelve y se encuentra con que las historias familiares (las que nos cuentan los papás, los abuelos, las tías) tienen silencios, selecciones, adornos y suposiciones?

En las islas, y en el Caribe en general, es muy común esa búsqueda de ascendencia. No por curiosidad genealógica, sino porque la pregunta por quién es uno está atravesada por migración, por mezclas, por desigualdades históricas. Entonces la foto es una puerta, abre la pregunta por la familia, pero también por el archivo, por la institución de familia, por la forma en que el Estado reconoce o no reconoce identidades. Y en San Andrés esa pregunta se vuelve todavía más fuerte porque hay una tensión permanente, a veces explícita, a veces sutil, sobre qué tan colombiano se siente alguien de las islas, o qué significa ser raizal en un territorio donde la historia se ha acelerado.

Usted insiste en que los relatos familiares no son neutrales: escogen, borran, acomodan. ¿Qué encontró, o qué quiso mostrar, al poner a su personaje entre la memoria oral y los documentos?

Que el archivo también es una cosa fría y poderosa. Y que, cuando uno se asoma, puede sentir algo muy fuerte, “existo, existía, existió”. Esa chispa puede ser suficiente para imaginarse una continuidad, incluso si lo que uno encuentra es problemático o doloroso.

A mí me interesaba que la novela recorriera esa tensión sin romantizarla. Porque uno puede descubrir cosas que no encajan con una lectura cómoda de la historia. Y en sociedades pequeñas eso pesa mucho más, lo que se descubre no queda lejos, no es un pasado abstracto, sino que se parece al presente, está en los apellidos, en los barrios, en las tierras, en nombres que se repiten. Eso, además, toca algo que para mí es real: el trauma transgeneracional.

Hablemos de lenguas. En su novela conviven español, inglés y creole. ¿Qué ganaba la historia al ser multilingüe?

Era imposible escribirla en un solo idioma. La vida en San Andrés no transcurre en un solo idioma. Es una sociedad multilingüe, y eso marca la memoria. A veces uno ni siquiera está traduciendo conscientemente todo lo que escucha, pero los sonidos lo habitan. Para mí, una de las cosas que más se extrañan cuando uno está por fuera es esa cadencia del creole, del inglés local, incluso del español hablado en la isla, que tiene un ritmo propio.

Además, el lenguaje en una isla es pertenencia. Es una marca de identidad, de comunidad. Y también es un lugar de disputa, el acento, la pronunciación, la forma de decir, pueden ser una frontera. Entonces dejar entrar esas lenguas era una manera de no traicionar la realidad que estaba contando, y de mostrar que el conflicto de identidad no es puramente psicológico; también está en el oído y en la boca, en lo que suena de aquí y en lo que suena de fuera.

Usted estudió Gobierno y Relaciones Internacionales y, antes de la novela, escribió sobre la disputa internacional entre Colombia y Nicaragua. ¿Cómo se conecta esa formación con su escritura?

Yo desconfío del determinismo geográfico, pero al mismo tiempo creo que mi forma de entender el mundo viene de nacer en una isla. Mi primera aproximación a la realidad es un viento insular. Uno aprende pronto que el territorio te condiciona, no por destino, sino por estructura: el acceso, el abastecimiento, las fronteras, la vulnerabilidad.

En un lugar como San Andrés, desde el continente se piensa que es aislado y pequeño. Pero si uno lo mira desde la lógica del Caribe, es un lugar transfronterizo. Está frente a otras costas, está cerca de otros países, tiene disputas marítimas, tiene presencias navales, tiene rutas, tiene migración. Entonces la geopolítica no es un debate de cancillerías, es algo que atraviesa la vida cotidiana. Se ve en cómo se pesca, en cómo se patrulla el mar, en qué se considera nuestro o perdido, en cómo se negocia la soberanía en la práctica.

Y, por supuesto, eso se volvió todavía más visible con el litigio con Nicaragua y con la manera en que el fallo de 2012 reorganizó esa conversación en Colombia. Uno escucha en el continente frases como “perdimos el mar”, y esa es una emoción política real. Pero en el medio está la gente. Están comunidades que viven del mar y que no pueden tratarlo como un mapa abstracto.

Para quienes no lo han seguido de cerca, ¿qué cambió ese litigio en el terreno? ¿Cómo se siente una frontera marítima en una isla?

Se siente como incertidumbre. Porque una frontera marítima no es una línea pintada en el agua, es acceso a pesca, es vigilancia, es posibilidad de moverse, es miedo y rumor, es la sensación de estar habitando un territorio poroso, donde las grandes decisiones multilaterales caen sobre lugares que el país considera remotos.

Y no es un capítulo cerrado. La Corte Internacional de Justicia ha producido varias decisiones en este diferendo: en 2012 trazó una frontera marítima nueva; en 2023, por ejemplo, volvió a pronunciarse en un caso sobre plataforma continental más allá de 200 millas. Lo que a mí me preocupa es que, cuando el orden multilateral se debilita, esos bordes se vuelven más frágiles, se reduce la confianza en instituciones, se vuelve más difícil la cooperación ambiental, y la gente queda en medio de discursos nacionales que no siempre la incluyen.

En un país que discute el mar en términos de soberanía, ¿qué aporta mirar el archipiélago como un cuerpo que enferma o se deteriora?

Aporta que uno deja de ver la isla como escenario. La isla no es un telón de fondo para que el turista sea feliz; no es un decorado. Para mí la isla es un cuerpo y nosotros también somos islas, cuerpos que parecen separados. La pregunta es por qué insistimos en pensar que no estamos conectados.

Cuando uno mira el territorio como cuerpo, entiende que hay síntomas: el agua que no alcanza, los desbordes de aguas negras, el deterioro ambiental, la ansiedad, la pérdida de lenguaje, la violencia. Y entiende que esos síntomas no vienen del aire, están conectados con decisiones de desarrollo, con políticas públicas, con contratos, con instituciones que funcionan o no funcionan.

Quisiera meter aquí un elemento histórico que usted menciona con insistencia: la declaración del Puerto Libre en 1953. ¿Qué cambió ahí y qué le queda hoy a la isla de ese modelo?

Cambió la escala de todo. Antes del Puerto Libre la vida tenía un ritmo; después, todo se aceleró. Y esa aceleración fue una disrupción profunda en la forma de vida. Desde el Estado se estimuló un poblamiento muy rápido, y eso cambió composición social, economía, uso del suelo, sentido de comunidad.

Hay un relato común en las islas:“antes se vivía con las puertas abiertas”. Yo nací en 1987 y siento tristeza por un antes que, en rigor, no viví. Pero eso también dice algo, habla de una pérdida percibida, de una ruptura cultural. Y habla de Providencia como espejo; Providencia ha sido vista como lo que no queremos que San Andrés termine de ser, o al revés, como el lugar que teme convertirse en lo que San Andrés ya es.

Cuando uno revisa estudios sobre la continentalización de San Andrés, se encuentra con que el Puerto Libre detonó una inmigración fuerte de continentales y transformó economía y sociedad, con efectos de marginación y tensiones sobre los raizales. Ese es un antecedente que sigue vivo hoy en discusiones sobre identidad, tierra, turismo y gobernanza.

Ahí hay una tensión política delicada. Cuando se habla de turismo y de inversión, aparece rápido la discusión sobre explotación y propiedad. ¿Cómo narrar esa tensión sin reducirla a una pelea entre continentales e isleños?

Para mí es importante no caer en la caricatura, porque la isla es compleja. Pero también es importante decir que el modelo turístico dominante es extractivo en muchos sentidos. No por el hecho de que llegue gente (porque migrar y moverse es humano), sino por la forma institucional en que se organiza el beneficio, quién captura la renta, dónde se queda el dinero, quién asume los costos ambientales y sociales.

La isla tiene condiciones demasiado específicas. A veces llega alguien con la idea “innovadora”: hagamos un campo de golf, pongamos tal planta, copiemos tal solución de otro país. Y uno se pregunta, ¿por qué la solución tiene que ser convertir una isla pequeña en un laboratorio de consumo? Si uno quiere un modelo de resort con golf, el Caribe está lleno de ejemplos. República Dominicana, por ejemplo, tiene zonas construidas para eso. Pero San Andrés no es un territorio infinito; su suelo, su agua y su capacidad institucional son limitados.

Y si el dinero no se queda, el círculo es cruel, se aumenta la demanda de agua, energía y residuos; se presiona el ecosistema; se precariza el empleo; y al final lo que queda es una economía dependiente, frágil, que además cambia el sistema de valores. Lo que yo veo, y lo digo como percepción social, es una sociedad en la que el turismo pone una escena permanente de vacaciones, y eso afecta especialmente a adolescentes; la idea de felicidad como consumo, fiesta, playa, y la frustración cuando tu vida real no se parece a esa película.

En 2024 el archipiélago superó el millón de turistas. Esa cifra suele celebrarse como éxito económico, pero no siempre se acompaña de una conversación pública equivalente sobre capacidad de carga e impactos. ¿Estamos midiendo lo que necesitamos medir?

Me parece que no. O lo medimos tarde. Y cuando lo medimos, se nos vuelve una pelea de opiniones, “más turistas es mejor” o “menos turistas es mejor”, sin entrar a lo estructural.

Una sociedad insular necesita planeación con un rigor distinto. No puedes crecer como crece una ciudad continental que se expande hacia afuera. Aquí el límite es físico. Entonces deberíamos hablar de capacidad de carga real: agua, residuos, salud, educación, vivienda, seguridad, transporte. Pero también de capacidad cultural: qué se rompe en la convivencia, qué se rompe en la lengua, qué se rompe en el sentido de comunidad.

Para una persona del continente que solo ha pensado el archipiélago como destino turístico, ¿qué es lo primero que debería cambiar en su mirada?

Que deje de pensar la isla como un parque temático. Que entienda que aquí hay un país, un país pequeño, pero país, con conflictos, con historia, con memoria, con desigualdad y con capacidad de proponer futuro.

Y que entienda que venir también implica responsabilidad. Comprender que tu presencia incrementa demanda de agua, de energía, de alimentos importados, de transporte, y que ese costo lo paga alguien. Cuando uno comprende eso, cambia la conversación, ya no es “qué me ofrece la isla”, sino “qué relación estoy construyendo con este territorio”.

Usted ha descrito el archipiélago como una frontera donde se cruzan Estado y mundo. Si miramos el Caribe con ejemplos comparativos, ¿qué otras experiencias ayudan a pensar soluciones sin caer en el “copie y pegue”?

Los ejemplos internacionales sirven si los usamos para hacer mejores preguntas, no para traer recetas cerradas. En el Caribe hay territorios que han intentado modelos turísticos de enclave y han pagado costos sociales altísimos; otros han buscado regulaciones más estrictas, o diversificación económica, o protección fuerte de áreas marinas. La clave es entender que el “desarrollo” no puede ser solo aumentar ocupación hotelera.

También sirve mirar cómo otros territorios insulares discuten derechos históricos. Por ejemplo, derechos de pesca tradicional, gobernanza comunitaria, participación real en decisiones ambientales. En el caso de Seaflower, esa conversación es inevitable, la reserva y el área marina protegida asociada existe para armonizar conservación y desarrollo, y eso, si se toma en serio, exige que la comunidad no sea un adorno en el papel.

Volvamos al lector. Usted ha dicho que uno de los problemas más grandes es el desinterés por el conocimiento y que la ignorancia es un proyecto político. ¿Qué quiere decir con eso en clave insular?

El desconocimiento es una forma de gobierno. Cuando el país no conoce el archipiélago (su historia, su composición cultural, su multilingüismo, su vulnerabilidad ambiental, su condición de frontera), entonces decide mal. O decide desde prejuicios.

En las islas, esa ignorancia se ve cuando se proponen soluciones sin entender el contexto. Se ve cuando el territorio se trata como mercancía. Se ve cuando se celebra un récord turístico sin discutir agua o residuos. Se ve cuando la política exterior discute soberanía sin incluir a la gente que vive del mar. Y se ve cuando el país cree que una isla es pequeña y por tanto prescindible.

Para jóvenes isleños, ¿por qué leer la novela Los Cristales de la Sal?

Porque la literatura permite viajar sin moverse, pero también permite verse. Y en un lugar como este, verse es importante. No para encerrarse en una identidad rígida, sino para entender de qué estamos hechos, qué lenguas nos habitan, qué historias nos faltan, qué silencios heredamos.

Leer es una forma de resistir la simplificación. Y también, aunque suene extraño en medio de tanta discusión dura, leer puede ser divertido, puede ser un gozo, un espacio para imaginar, para encontrar comunidad en otra parte. La vida no es solo denuncia; también es la posibilidad de construir algo distinto con lo que sabemos.

Y para tomadores de decisión, ¿cuál es la pregunta que deberían hacerse antes de anunciar la próxima gran solución para las islas?

“¿Para quién es esta solución, y quién paga el costo?”. Y luego otra: “¿qué capacidad institucional real tenemos para sostenerla?”. Porque en un territorio insular no basta con inaugurar una obra o anunciar una inversión. Hay que poder operarla, mantenerla, financiarla, controlarla, evaluarla.

Si esa pregunta se tomara en serio, muchas decisiones cambiarían. Y eso, al final, también sería una apuesta de soberanía como vida digna.