Si se mira desde la distancia, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina suele quedar reducido a una postal: mar de siete tonos, vacaciones y compras. Pero, visto desde adentro, es una frontera concreta y cotidiana. En 2024 el departamento superó el millón de visitantes —más de 1.050.000 turistas, con un crecimiento cercano al 15% frente al año anterior— en una isla principal de apenas 26 kilómetros cuadrados. En ese contexto, la pregunta por el “modelo” deja de ser abstracta y se convierte en infraestructura, agua, residuos, energía y capacidad estatal.

El punto de fondo es el tipo de economía y de gobernanza que ese flujo activa. Los diagnósticos oficiales han señalado desequilibrios persistentes en la prestación de servicios públicos, especialmente en el acceso al agua potable, cuya continuidad se organiza por sectores con marcadas diferencias entre el frente turístico y barrios residenciales. A ello se suma la vulnerabilidad climática, tras el huracán Iota, en 2020, la infraestructura de Providencia sufrió afectaciones casi totales y los impactos en servicios básicos se extendieron por meses.

En ese cruce de presión ambiental, tensión social y exposición internacional aparece la voz de Cristina Bendek. Su novela de debut, Los cristales de la sal, parte de un hallazgo íntimo —una fotografía familiar— para empujar una pregunta pública, ¿Quién pertenece? ¿Quién cuenta la historia y cómo se administra un territorio atravesado por migraciones, lenguas y disputas marítimas?

El archipiélago también es borde internacional. Desde el fallo de la Corte Internacional de Justicia en 2012, que redefinió la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua, el territorio se convirtió en escenario permanente de discusión diplomática y geopolítica. En otras palabras, hablar de las islas es hablar de un lugar donde lo doméstico, lo ambiental y lo internacional se superponen.

No es casual que, fuera del archipiélago, la novela se lea como un relato de retorno y crisis ecológica, mientras que, para lectores isleños, funcione como detonante de memoria familiar y discusión comunitaria. Esa tensión —la que incomoda y al mismo tiempo explica— es la que vuelve pertinente escucharla hoy, cuando el turismo alcanza cifras récord y la conversación sobre sostenibilidad suele quedarse en el eslogan.

Su novela está atravesada por una idea insistente: el Caribe como un lugar donde convergen diásporas, lenguas y fronteras. ¿Qué está tratando de nombrar cuando dice que el Caribe “es y no es” al mismo tiempo?

Lo primero es reconocer que el Caribe no es una sola cosa. No es una unidad tranquila que uno pueda resumir en una imagen fija. Es un espacio histórico de cruces, de pueblos que llegaron, de pueblos que fueron traídos, de pueblos que se fueron, y de lenguas que se mezclaron. Por eso para mí el Caribe es una red de diásporas, y cuando digo “es y no es” me refiero a esa sensación de estar en un territorio que se mira desde el continente como si fuera un bloque —un destino, una caricatura, un exotismo—, pero que por dentro está lleno de capas sociales, históricas y culturales que no siempre se ven.

Eso no lo llamaría “ocultamiento”, porque no creo que sea una conspiración permanente. Lo que sí creo es que hay elementos que quedan por fuera del relato dominante, y que tienen que ver con cómo funciona la nación, con qué se enseña en colegios, con qué se cubre en medios, con qué se vuelve rentable contar. San Andrés ha sido vista muchas veces como una excepción turística, cuando en realidad es una frontera viva, una frontera cultural, una frontera ecológica y también una frontera internacional.

En la novela, el regreso de la protagonista se activa por una fotografía vieja. Esa imagen es el disparador de una búsqueda íntima, pero termina abriendo un conflicto público: pertenencia, linaje, acento, color de piel. ¿Por qué empezar por una foto?

Porque la foto funciona como un espejo incómodo. Es una imagen que parece sencilla: unos antepasados, un gesto congelado, una escena familiar. Pero justamente ahí está el problema, ¿qué pasa cuando la imagen no encaja en el relato heredado? ¿Qué pasa cuando uno vuelve y se encuentra con que las historias familiares —las que nos cuentan los papás, los abuelos, las tías— tienen silencios, selecciones, adornos y suposiciones?

En las islas, y en el Caribe en general, es muy común esa búsqueda de ascendencia. No por curiosidad genealógica, sino porque la pregunta por quién es uno está atravesada por migración, por mezclas, por desigualdades históricas. Entonces la foto es una puerta, abre la pregunta por la familia, pero también por el archivo, por la institución de familia, por la forma en que el Estado reconoce o no reconoce identidades. Y en San Andrés esa pregunta se vuelve todavía más fuerte porque hay una tensión permanente —a veces explícita, a veces sutil— sobre qué tan “colombiano” se siente alguien de las islas, o qué significa “ser raizal” en un territorio donde la historia se ha acelerado.

Usted insiste en que los relatos familiares no son neutrales: escogen, borran, acomodan. ¿Qué encontró, o qué quiso mostrar, al poner a su personaje entre la memoria oral y los documentos?

Que el archivo también es una cosa fría y poderosa. Y que, cuando uno se asoma, puede sentir algo muy fuerte, “existo, existía, existió”. Esa chispa puede ser suficiente para imaginarse una continuidad, incluso si lo que uno encuentra es problemático o doloroso.

A mí me interesaba que la novela recorriera esa tensión sin romantizarla. Porque uno puede descubrir cosas que no encajan con una lectura cómoda de la historia. Y en sociedades pequeñas eso pesa mucho más, lo que se descubre no queda lejos, no es un pasado abstracto, sino que se parece al presente, está en los apellidos, en los barrios, en las tierras, en nombres que se repiten. Eso, además, toca algo que para mí es real: el trauma transgeneracional.

Hablemos de lenguas. En su novela conviven español, inglés y creole. ¿Qué ganaba la historia al ser multilingüe?

Era imposible escribirla en un solo idioma. La vida en San Andrés no transcurre en un solo idioma. Es una sociedad multilingüe, y eso marca la memoria. A veces uno ni siquiera está traduciendo conscientemente todo lo que escucha, pero los sonidos lo habitan. Para mí, una de las cosas que más se extrañan cuando uno está por fuera es esa cadencia del creole, del inglés local, incluso del español hablado en la isla, que tiene un ritmo propio.

Además, el lenguaje en una isla es pertenencia. Es una marca de identidad, de comunidad. Y también es un lugar de disputa, el acento, la pronunciación, la forma de decir, pueden ser una frontera. Entonces dejar entrar esas lenguas era una manera de no traicionar la realidad que estaba contando, y de mostrar que el conflicto de identidad no es puramente psicológico; también está en el oído y en la boca, en lo que suena “de aquí” y en lo que suena “de fuera”.

Usted estudió Gobierno y Relaciones Internacionales y, antes de la novela, escribió sobre la disputa territorial y marítima. En su respuesta aparece una idea, “geopolítica popular”, la geopolítica tal como la vive la gente. ¿Cómo se conecta esa formación con su escritura?

Yo desconfío del determinismo geográfico, pero al mismo tiempo creo que mi forma de entender el mundo viene de nacer en una isla. Mi primera aproximación a la realidad es un “viento insular”. Uno aprende pronto que el territorio te condiciona, no por destino, sino por estructura: el acceso, el abastecimiento, las fronteras, la vulnerabilidad.

En un lugar como San Andrés, desde el continente se piensa que es “aislado” y “pequeño”. Pero si uno lo mira desde la lógica del Caribe, es un lugar transfronterizo. Está frente a otras costas, está cerca de otros países, tiene disputas marítimas, tiene presencias navales, tiene rutas, tiene migración. Entonces la geopolítica no es un debate de cancillerías, es algo que atraviesa la vida cotidiana. Se ve en cómo se pesca, en cómo se patrulla el mar, en qué se considera “nuestro” o “perdido”, en cómo se negocia la soberanía en la práctica.

Y, por supuesto, eso se volvió todavía más visible con el litigio con Nicaragua y con la manera en que el fallo de 2012 reorganizó esa conversación en Colombia. Uno escucha en el continente frases como “perdimos el mar”, y esa es una emoción política real. Pero en el medio está la gente. Están comunidades que viven del mar y que no pueden tratarlo como un mapa abstracto.

Para quienes no lo han seguido de cerca, ¿qué cambió ese litigio en el terreno? ¿Cómo se siente una frontera marítima en una isla?

Se siente como incertidumbre. Porque una frontera marítima no es una línea pintada en el agua, es acceso a pesca, es vigilancia, es posibilidad de moverse, es miedo y rumor, es la sensación de estar habitando un territorio poroso, donde las grandes decisiones multilaterales caen sobre lugares que el país considera remotos.

Y no es un capítulo cerrado. La Corte Internacional de Justicia ha producido varias decisiones en este diferendo: en 2012 trazó una frontera marítima nueva; en 2023, por ejemplo, volvió a pronunciarse en un caso sobre plataforma continental más allá de 200 millas. Lo que a mí me preocupa es que, cuando el orden multilateral se debilita, esos bordes se vuelven más frágiles, se reduce la confianza en instituciones, se vuelve más difícil la cooperación ambiental, y la gente queda en medio de discursos nacionales que no siempre la incluyen.

En esa misma clave, usted escribe sobre el territorio como cuerpo. En un país que discute el mar en términos de soberanía, ¿qué aporta mirar el archipiélago como un cuerpo que “enferma” o se deteriora?

Aporta que uno deja de ver la isla como escenario. La isla no es un telón de fondo para que el turista sea feliz; no es un decorado. Para mí la isla es un cuerpo y nosotros también somos islas, cuerpos que parecen separados. La pregunta es por qué insistimos en pensar que no estamos conectados.

Cuando uno mira el territorio como cuerpo, entiende que hay síntomas: el agua que no alcanza, los desbordes de aguas negras, el deterioro ambiental, la ansiedad, la pérdida de lenguaje, la violencia. Y entiende que esos síntomas no vienen del aire, están conectados con decisiones de desarrollo, con políticas públicas, con contratos, con instituciones que funcionan o no funcionan.

Quisiera meter aquí un elemento histórico que usted menciona con insistencia: el Puerto Libre. San Andrés fue declarado Puerto Libre en 1953 y ese giro aceleró transformaciones económicas y demográficas. ¿Qué cambió ahí y qué le queda hoy a la isla de ese “modelo”?

Cambió la escala de todo. Antes del Puerto Libre la vida tenía un ritmo; después, todo se aceleró. Y esa aceleración fue una disrupción profunda en la forma de vida. Desde el Estado se estimuló un poblamiento muy rápido, y eso cambió composición social, economía, uso del suelo, sentido de comunidad.

Hay un relato común en las islas:“antes se vivía con las puertas abiertas”. Yo nací en 1987 y siento tristeza por un antes que, en rigor, no viví. Pero eso también dice algo, habla de una pérdida percibida, de una ruptura cultural. Y habla de Providencia como espejo; Providencia ha sido vista como lo que “no queremos que San Andrés termine de ser”, o al revés, como el lugar que teme convertirse en lo que San Andrés ya es.

Cuando uno revisa estudios sobre la “continentalización” de San Andrés, se encuentra con que el Puerto Libre detonó una inmigración fuerte de continentales y transformó economía y sociedad, con efectos de marginación y tensiones sobre los raizales. Ese es un antecedente que sigue vivo hoy en discusiones sobre identidad, tierra, turismo y gobernanza.

Ahí hay una tensión política delicada. Cuando se habla de turismo y de inversión, aparece rápido la discusión sobre “explotación” y “propiedad”. ¿Cómo narrar esa tensión sin reducirla a una pelea entre “continentales” e “isleños”?

Para mí es importante no caer en la caricatura, porque la isla es compleja. Pero también es importante decir que el modelo turístico dominante es extractivo en muchos sentidos. No por el hecho de que llegue gente —porque migrar y moverse es humano—, sino por la forma institucional en que se organiza el beneficio, quién captura la renta, dónde se queda el dinero, quién asume los costos ambientales y sociales.

La isla tiene condiciones demasiado específicas. A veces llega alguien con la idea “innovadora”: hagamos un campo de golf, pongamos tal planta, copiemos tal solución de otro país. Y uno se pregunta, ¿por qué la solución tiene que ser convertir una isla pequeña en un laboratorio de consumo? Si uno quiere un modelo de resort con golf, el Caribe está lleno de ejemplos. República Dominicana, por ejemplo, tiene zonas construidas para eso. Pero San Andrés no es un territorio infinito; su suelo, su agua y su capacidad institucional son limitados.

Y si el dinero no se queda, el círculo es cruel, se aumenta la demanda de agua, energía y residuos; se presiona el ecosistema; se precariza el empleo; y al final lo que queda es una economía dependiente, frágil, que además cambia el sistema de valores. Lo que yo veo —y lo digo como percepción social— es una sociedad en la que el turismo pone una escena permanente de “vacaciones”, y eso afecta especialmente a adolescentes; la idea de felicidad como consumo, fiesta, playa, y la frustración cuando tu vida real no se parece a esa película.

Hablemos del agua, que es quizá el punto más tangible de esa película que se rompe. Hay diagnósticos contundentes. En 2018, el DANE reportó privaciones altas en variables asociadas a agua y saneamiento, como “sin acceso a fuente de agua mejorada” (49,5%) e “inadecuada eliminación de excretas” (71,7%) en el departamento, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida. ¿Qué revela esa crisis sobre la gestión pública?

Revela algo duro, que hay un modelo de administración de la vida diaria que normaliza la desigualdad. Porque cuando uno mira cómo se distribuye el agua, no es solo escasez; es prioridad. Y la prioridad suele ser el sector turístico.

Hay informes que lo muestran con cifras de continuidad y sectores, mientras el sector hotelero aparece con 24 horas, hay barrios con una vez por semana, y lugares como La Loma con frecuencias de semanas. Y eso tiene una traducción política, ¿qué ciudadanía se está protegiendo? ¿qué derechos se vuelven negociables? ¿qué hace el Estado cuando la demanda supera la producción?

Además, en lo insular, el agua no es un asunto aislado, también arrastra energía, arrastra salud pública, arrastra economía. En evaluaciones técnicas se dice que la producción ronda 60 l/s y que la demanda puede superar 150 l/s, sobre todo por población flotante. Entonces la conversación sobre turismo deja de ser una discusión cultural, se vuelve ingeniería, contratos, autoridad ambiental, capacidad de control, y decisiones distributivas. Y por eso también se vuelve un tema de dignidad.

En 2024 el archipiélago volvió a superar el millón de turistas. Esa cifra suele celebrarse como éxito económico, pero no siempre se acompaña de una conversación pública equivalente sobre capacidad de carga e impactos. ¿Estamos midiendo lo que necesitamos medir?

Me parece que no. O lo medimos tarde. Y cuando lo medimos, se nos vuelve una pelea de opiniones, “más turistas es mejor” o “menos turistas es mejor”, sin entrar a lo estructural.

Una sociedad insular necesita planeación con un rigor distinto. No puedes crecer como crece una ciudad continental que se expande hacia afuera. Aquí el límite es físico. Entonces deberíamos hablar de capacidad de carga real: agua, residuos, salud, educación, vivienda, seguridad, transporte. Pero también de capacidad cultural: qué se rompe en la convivencia, qué se rompe en la lengua, qué se rompe en el sentido de comunidad.

Usted ha descrito el archipiélago como una frontera donde se cruzan Estado y mundo. Si miramos el Caribe con ejemplos comparativos, ¿qué otras experiencias ayudan a pensar soluciones sin caer en el “copie y pegue”?

Los ejemplos internacionales sirven si los usamos para hacer mejores preguntas, no para traer recetas cerradas. En el Caribe hay territorios que han intentado modelos turísticos de enclave y han pagado costos sociales altísimos; otros han buscado regulaciones más estrictas, o diversificación económica, o protección fuerte de áreas marinas. La clave es entender que el “desarrollo” no puede ser solo aumentar ocupación hotelera.

También sirve mirar cómo otros territorios insulares discuten derechos históricos. Por ejemplo, derechos de pesca tradicional, gobernanza comunitaria, participación real en decisiones ambientales. En el caso de Seaflower, esa conversación es inevitable, la reserva —y el área marina protegida asociada— existe para armonizar conservación y desarrollo, y eso, si se toma en serio, exige que la comunidad no sea un adorno en el papel.

Seaflower es una palabra que suele sonar lejana para el lector del interior, algo “ambiental” y por tanto accesorio. ¿Cómo aterrizar su importancia en términos de vida cotidiana?

Yo diría que Seaflower es comida, es trabajo y es futuro. Es pesca artesanal, es turismo bien hecho —si existe—, es protección frente a la sobreexplotación. Y también es identidad, porque el mar es parte de la forma de vivir.

Y Seaflower no es menor. Hay fuentes que describen la Reserva de Biosfera como un territorio mayoritariamente marino, incorporado a la red de reservas de biosfera de la UNESCO en 2000; y el área marina protegida asociada se ha estimado en 65.000 km². Cuando esa base ecológica se deteriora, lo que se pierde no es un “paisaje”, se pierde un soporte material del territorio.

Quisiera abrir una capa que a veces queda por fuera cuando el archipiélago se discute como “problema”, la de las mujeres y la memoria. Usted plantea que, incluso en marcos patriarcales, la mujer sostiene por dentro la vida familiar y comunitaria. ¿Qué le interesaba subrayar?

Me interesaba decir algo que, para mí, es evidente: en el Caribe insular, las mujeres cargan mucho. Cargan trabajo físico —porque en una isla los roles se mueven y una mujer puede hacer trabajos que en otros lugares se asumen como “de hombres”—, pero sobre todo cargan el trabajo emocional, el sostén de relaciones, la transmisión de lengua y memoria.

En la novela, los personajes femeninos funcionan como madres en distintos sentidos. En una situación donde hay una ausencia, aparecen otras mujeres que cuidan, que narran, que corrigen, que contradicen. Y eso también es político, porque la memoria no es inocente, la memoria define quién pertenece, quién hereda, quién es reconocido.

En 2017 hubo una discusión pública sobre la ausencia de mujeres en escenarios literarios internacionales, como parte del “Año Colombia–Francia”. Un año después, Idartes fundó el Premio Elisa Mújica para reconocer narrativa escrita por mujeres. ¿Qué significado le da usted a ese arco?

Creo que los cambios institucionales a veces ocurren porque hay presión colectiva. A mí no me interesa venderlo como una historia perfecta, pero sí como una evidencia de que nombrar el problema importa. Si en un evento internacional la delegación es casi toda masculina, eso no es casualidad, refleja estructuras del campo cultural.

Que exista un premio para mujeres no arregla todo, pero abre una puerta, crea un incentivo, una visibilidad, una conversación sobre canon y acceso. Y también manda una señal a lectoras jóvenes; hay lugar para estas voces, hay espacio para estas historias. La pregunta es si ese espacio se sostiene, si se amplía y si se traduce en cambios de fondo, lectura, circulación, crítica, educación.

Volvamos al lector. Usted ha dicho que uno de los problemas más grandes es el desinterés por el conocimiento y que “la ignorancia es un proyecto político”. ¿Qué quiere decir con eso en clave insular?

El desconocimiento es una forma de gobierno. Cuando el país no conoce el archipiélago —su historia, su composición cultural, su multilingüismo, su vulnerabilidad ambiental, su condición de frontera—, entonces decide mal. O decide desde prejuicios.

En las islas, esa ignorancia se ve cuando se proponen “soluciones” sin entender el contexto. Se ve cuando el territorio se trata como mercancía. Se ve cuando se celebra un récord turístico sin discutir agua o residuos. Se ve cuando la política exterior discute soberanía sin incluir a la gente que vive del mar. Y se ve cuando el país cree que una isla es “pequeña” y por tanto prescindible.

Para una persona del continente que solo ha pensado el archipiélago como destino turístico, ¿qué es lo primero que debería cambiar en su mirada?

Que deje de pensar la isla como un parque temático. Que entienda que aquí hay un país, un país pequeño, pero país, con conflictos, con historia, con memoria, con desigualdad y con capacidad de proponer futuro.

Y que entienda que venir también implica responsabilidad. Comprender que tu presencia incrementa demanda de agua, de energía, de alimentos importados, de transporte, y que ese costo lo paga alguien. Cuando uno comprende eso, cambia la conversación, ya no es “qué me ofrece la isla”, sino “qué relación estoy construyendo con este territorio”.

Para jóvenes isleños, ¿por qué leer esta novela?

Porque la literatura permite viajar sin moverse, pero también permite verse. Y en un lugar como este, verse es importante. No para encerrarse en una identidad rígida, sino para entender de qué estamos hechos, qué lenguas nos habitan, qué historias nos faltan, qué silencios heredamos.

Leer es una forma de resistir la simplificación. Y también, aunque suene extraño en medio de tanta discusión dura, leer puede ser divertido, puede ser un gozo, un espacio para imaginar, para encontrar comunidad en otra parte. La vida no es solo denuncia; también es la posibilidad de construir algo distinto con lo que sabemos.

Y para tomadores de decisión —autoridades locales, funcionarios nacionales, congresistas, responsables de política pública—, ¿cuál es la pregunta que deberían hacerse antes de anunciar la próxima gran “solución” para las islas?

“¿Para quién es esta solución, y quién paga el costo?”. Y luego otra: “¿qué capacidad institucional real tenemos para sostenerla?”. Porque en un territorio insular no basta con inaugurar una obra o anunciar una inversión. Hay que poder operarla, mantenerla, financiarla, controlarla, evaluarla.

Si esa pregunta se tomara en serio, muchas decisiones cambiarían. Y eso, al final, también sería una apuesta de soberanía como vida digna.