La transición energética impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, orientada a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y diversificar la matriz energética nacional, plantea oportunidades y desafíos para la industria de la palma de aceite en Colombia. Aunque este cultivo ha sido promovido como motor de desarrollo desde el gobierno de Andrés Pastrana (1998–2002), especialmente por su capacidad de satisfacer la demanda interna de grasas y aceites y fomentar la exportación, fue durante el doble mandato de Álvaro Uribe (2002–2010) cuando se consolidó una política de impulso a los biocombustibles, gracias a los altos rendimientos de conversión del aceite de palma.

Hoy, el enfoque oficial reconoce su potencial dentro de la transición energética, siempre que se integre de forma ambientalmente sostenible. Esto implica evitar impactos negativos como la deforestación y asegurar la protección de la biodiversidad, garantizando que el camino hacia una economía baja en carbono sea también justo y responsable con los territorios.

Sin embargo, esta visión contrasta con las realidades que enfrentan algunas comunidades rurales, donde la expansión de actividades agroindustriales y extractivas ha tenido impactos ambientales significativos. Tal es el caso de la contaminación de las fuentes de agua en La Suprema, vereda de unos 200 habitantes en la región de los Montes de María, en el sur de Bolívar.

El poblado, fundado hace más de 25 años por campesinos que huían de la guerra, cuenta con numerosas fuentes naturales de agua aptas para el consumo tras un proceso básico de filtrado. Sin embargo, tras la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María, que permitió una relativa estabilización del territorio, se intensificaron los procesos de transformación del uso del suelo y explotación de los recursos naturales. En La Suprema y en comunidades vecinas, el paso de cultivos tradicionales como arroz, frutas, plátano, yuca y maíz a extensos monocultivos ha provocado diversos impactos, entre ellos, el cercamiento de los caminos que conducen a las fuentes hídricas. Estos senderos son conocidos popularmente como “caminos condenados”, una expresión que refleja la sensación de pérdida del acceso al agua y al territorio.

Entre 2006 y 2015, el área cultivada con palma de aceite en el municipio de Marialabaja creció más de un 220 %, pasando de 3.400 a más de 11.000 hectáreas. Actualmente, el perímetro de La Suprema está rodeado en más de un 60 % por cultivos de palma, lo que ha reconfigurado el paisaje y las dinámicas económicas locales. Este fenómeno no es aislado: el rápido crecimiento del cultivo de palma en los Montes de María responde a una política nacional orientada al desarrollo agroindustrial y de exportación, en la que este producto ha adquirido un lugar protagónico.

A partir del aceite extraído del fruto de palma, se produce biodiésel para motores de combustión interna, así como biocombustibles líquidos que pueden mezclarse con gasolina, como el bioetanol. Según datos de la Federación Nacional de Biocombustibles (Fedebiocombustibles), durante el período de enero a octubre de 2024, la producción de biodiésel en Colombia alcanzó las 581.000 toneladas, lo que representó un incremento del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento contribuyó a evitar la emisión de aproximadamente 1,8 millones de toneladas de CO₂ y 426 toneladas de material particulado, fortaleciendo la movilidad sostenible en el país. ​

En cuanto a la producción de aceite de palma, en 2024 se registró un total de 1,72 millones de toneladas, reflejando una disminución del 6,6% en comparación con 2023. Esta reducción se atribuye principalmente a los efectos del fenómeno de El Niño y a problemas fitosanitarios como la pudrición del cogollo. A pesar de esta disminución, en diciembre de 2024 la producción experimentó un crecimiento del 1,7% respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando 120.700 toneladas.

En el mercado local, las ventas de aceite de palma en 2024 totalizaron 1.708.000 toneladas, con una distribución del 78% destinado al mercado interno y el 22% restante a exportaciones. De las ventas en el mercado local, el 77% se dirigió a las industrias de aceites y grasas comestibles y biodiésel.

¿Ganancias… a qué costo?

La vereda La Suprema se encuentra ubicada junto al embalse de Matuya, uno de los tres cuerpos de agua que conforman el distrito de riego de Marialabaja, junto con El Playón y La Piscina. Esta infraestructura, de aproximadamente 19.600 hectáreas, fue construida en los años sesenta por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) con la intención de impulsar la productividad agrícola del municipio, especialmente en torno al cultivo de arroz, uno de los principales motores económicos de la zona.

Sin embargo, la crisis del sector arrocero en los años noventa, sumada a la intensificación del conflicto armado en los Montes de María, transformó radicalmente la administración y el uso de esta infraestructura. En ese contexto, múltiples campesinos fueron desplazados y presionados para vender sus tierras a precios muy por debajo del valor real. La desmovilización de grupos paramilitares en 2006 marcó un punto de inflexión: aunque disminuyó la violencia, el retorno de muchas familias desplazadas vino acompañado del descubrimiento de un territorio alterado, donde gran parte de la tierra fértil había sido convertida en extensos monocultivos de palma de aceite.

Según Leonardo Jiménez Molinello, director del Centro de Estudios del Trabajo (Cedetrabajo), el cultivo de palma ha desplazado cultivos tradicionales y de subsistencia como la yuca, que en 2001 ocupaba cerca de 1.200 hectáreas y hoy apenas alcanza las 120. Esta transformación no ha sido menor. Con base en cifras del Ministerio de Agricultura, Cedetrabajo estima que entre 2001 y 2012 —periodo clave de la reactivación del distrito de riego— se sustituyeron 4.961 hectáreas de cultivos alimentarios por palma de aceite. Esta expansión ha tenido un alto costo: la pérdida estimada de alrededor de 45.000 toneladas de producción de alimentos en el municipio de Marialabaja.

Agua contaminada, salud amenazada

Organizaciones campesinas, ambientales y comunitarias han venido denunciando de manera reiterada los efectos negativos del monocultivo de palma de aceite sobre el ambiente y la salud de las comunidades rurales. Una de las principales preocupaciones es la contaminación del agua y del aire, producto del uso intensivo de agroquímicos y la falta de controles efectivos en las fumigaciones.

“Aquí tenemos dolores de estómago y manchas en la piel que se han venido propagando por beber agua”, asegura Julián Ramos, líder comunitario de La Suprema.

La mayoría de los habitantes de esta vereda utiliza el agua del embalse de Matuya para beber, cocinar, lavar y bañarse. Sin embargo, desde la expansión de los cultivos de palma, el agua ha comenzado a presentar cambios visibles y alarmantes: está turbia, con mal olor y sabor, y en repetidas ocasiones se han reportado peces muertos flotando en la superficie. Las quejas apuntan a que las empresas palmeras lavan sus equipos dentro del embalse y fumigan incluso hasta los márgenes del río, contaminando así los cuerpos de agua.

“Hay niños con granos. Inclusive, tenemos que comprar agua embotellada para no seguir enfermándonos. Las infecciones se van extendiendo en la piel”, afirma Nisley Contreras, madre de dos niños y habitante de la comunidad. “Desde que llegaron los cultivos, los ojos de agua han sido envenenados, y lo que nos queda es el embalse”, lamenta mientras ayuda a su hijo de ocho años con las tareas escolares en la entrada de su casa, una pequeña vivienda de madera de un solo ambiente.

Al respecto, Irina Junieles, investigadora en temas de justicia ambiental, explica que “Las personas no se pueden ni bañar con esa agua; baja con demasiados químicos. Hemos venido haciendo talleres para concienciar a la gente sobre los riesgos de usar esa agua, porque está trayendo enfermedades”.

Este deterioro ambiental no es nuevo. En 2011, una acción popular interpuesta por habitantes de Marialabaja denunció la muerte de siete menores de edad por enfermedades gastrointestinales presuntamente asociadas al consumo de agua contaminada. Como evidencia, presentaron estudios de calidad del agua que confirmaban la presencia de sustancias nocivas, lo que la hacía no apta para el consumo humano.

Marlene Ramos, de 63 años, madre de una familia de pescadores y habitante fundadora de La Suprema, lamenta el deterioro del embalse y sus consecuencias. “Ya casi no se ven peces. Antes vendíamos bastante pescado a la orilla de la carretera, pero ahora los peces no crecen mucho y la gente no nos compra porque dice que están contaminados por químicos de la palma”. Mojarras loras y amarillas, barbules y corbinatas, que solían abundar en la zona, son ahora cada vez más escasas.

Intentamos comunicarnos con la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) para conocer su postura frente a estas denuncias, pero al cierre de este reportaje no recibimos respuesta.

Precarización laboral: el costo oculto de la palma

A pesar de su crecimiento, la palmicultura sigue siendo limitada como generadora de empleo. Por cada 100 hectáreas cultivadas, se crean apenas 27 empleos directos. La subcontratación ha permitido mantener la competitividad del sector, pero a menudo en detrimento de las condiciones laborales.

El informe “El tipo de empleo que ofrecen las empresas de palma”, elaborado por ActionAid, revela que muchas mujeres empleadas en viveros son discriminadas y reciben salarios inferiores al de sus compañeros hombres, incluso cuando realizan las mismas tareas agrícolas. Mientras un trabajador con contrato indefinido gana en promedio $ 1.368.448 mensuales, las mujeres palmicultoras devengan alrededor de $897.365.

Un factor que agrava las condiciones laborales en el sector palmicultor es que, aunque la mayoría de los trabajadores están afiliados al sistema de seguridad social, el acceso a servicios de salud varía según el cargo, y son pocos los programas que extienden cobertura a sus familias.

Frente a este panorama, Carlos José Murgas, vicepresidente del Grupo Oleoflores —empresa responsable de la Planta Extractora de Aceite de Palma de Marialabaja— sostiene que la palma de aceite no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para el desarrollo regional. Según afirma, la compañía emplea de forma directa a más de 120 personas en planta, 50 en servicios transversales y cerca de 900 en fincas asociadas, generando en total alrededor de 6.500 empleos, entre directos e indirectos, en municipios como Marialabaja, Arjona, El Carmen de Bolívar y San Onofre.

Una fuente de biomasa para la transición energética

Establecer y mantener un cultivo de palma de aceite no es tarea sencilla ni barata. Según Amaranto Daniels, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, la inversión inicial por hectárea puede oscilar entre 22 y 33 millones de pesos durante la etapa improductiva del cultivo, es decir, los primeros dos o tres años antes de que las palmas empiecen a dar fruto.

Durante este periodo, los agricultores deben asumir los costos del cuidado, mantenimiento y fortalecimiento del cultivo para que alcance su máximo potencial productivo. Una vez inicia la cosecha, la inversión anual por hectárea ronda los 9 millones de pesos, y el ciclo productivo puede extenderse por hasta 25 años. Bajo estas condiciones, un pequeño productor con entre 8 y 10 hectáreas podría obtener ingresos mensuales netos cercanos a 4 millones de pesos.

En las plantas procesadoras, los efluentes —fluidos residuales del procesamiento industrial— permiten la producción de biogás, el cual puede alimentar motogeneradores para producir electricidad. Según Fedepalma, la agroindustria de la palma tiene el potencial de generar hasta 344 megavatios de energía eléctrica a partir de biomasa como la tusa, el cuesco y la fibra. Solo con el biogás derivado de los efluentes, podría abastecerse una ciudad mediana de unos 100.000 habitantes, como Quibdó y Maicao.

En 2023, la producción nacional de aceite de palma alcanzó un récord de 1,84 millones de toneladas, representando un incremento del 4,1% en comparación con 2022. Sin embargo, para 2024, la producción disminuyó a 1,72 millones de toneladas, lo que supone una reducción de 121.000 toneladas respecto al año anterior. Esta caída se atribuye a condiciones climáticas adversas y problemas fitosanitarios, como la pudrición del cogollo que afectó principalmente al departamento del Magdalena.

En el ámbito regional, el Grupo Oleoflores ha reportado compras que superan los 60.000 millones de pesos en los últimos cinco años, con un promedio mensual de 5.416 millones de pesos. Estas cifras, en varios trimestres, han superado el presupuesto operativo del municipio de Marialabaja, evidenciando la relevancia económica de esta industria en los Montes de María.​

Para Carlos José Murgas, vicepresidente del Grupo Oleoflores, el siguiente paso clave es profundizar en la industrialización del sector, pues actualmente el 35 % de la producción nacional aún se exporta como aceite crudo. “La industrialización permitiría transformar la palma en biocombustibles, agroquímicos y otros productos de mayor valor agregado”, señala.

No obstante, como advierte el profesor Amaranto Daniels, una transición energética verdaderamente transformadora no puede construirse sin la participación activa de las comunidades. Involucrar a la sociedad local, establecer salvaguardas ambientales estrictas y garantizar los derechos de quienes habitan los territorios son condiciones fundamentales. Solo así la palma de aceite podrá consolidarse como una aliada en una transición energética que sea no solo productiva, sino también justa, sostenible y con equidad.

Esta investigación fue realizada en el marco del proyecto ‘CdR/Lab Narrar la transición energética: un nuevo reto para el periodismo’, organizado por Consejo de Redacción y el centro de pensamiento Transforma.